Libre Comercio

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Alianza Social Continental

Estados Unidos y la Unión Europea han buscado suscribir tratados de libre comercio con los países de América Latina para tener un marco institucional que garantice a sus empresas multinacionales condiciones privilegiadas de inversión y grandes márgenes de rentabilidad en sectores estratégicos como el financiero, la minería y los servicios públicos.

Así mismo, buscan que los países en desarrollo abran sus mercados  para ubicar allí excedentes de producción (granos, leche y bienes industriales, por ejemplo) que resultan útiles a esas dos potencias en el contexto de  la crisis económica mundial.

A comienzos de siglo, y ante el fracaso de su idea de una sola área de Libre Comercio para todo el hemisferio, Estados Unidos cambió su propuesta de ALCA por la de Tratados de Libre Comercio, TLC, bilaterales (Colombia, Chile,Perú) o regionales (Nafta y Cafta-DR). La Unión Europea, por su parte, ha impulsado Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) con sus antiguas colonias en África, Pacífico y Caribe (países ACP). En América Latina viene impulsando Acuerdos de Asociación, de la misma naturaleza de los TLC, algunos ya en vigencia (México y Chile) y otros aún en proceso de negociación o ratificación.

Los gobiernos de los países en desarrollo han aceptado estos tratados argumentando que son una herramienta para insertarse en el mercado internacional, lograr el crecimiento económico y la superación de la pobreza. Su implementación ha demostrado que dadas las asimetrías, el libre comercio no es más que un espejismo, pues no existe capacidad ni igualdad de condiciones para competir en el mercado internacional.

Por el contrario, el Libre Comercio ha debilitado las economías nacionales, particularmente la agricultura campesina poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, ha destruido puestos de trabajo por la reprimarización de la producción, ha encarecido el acceso a medicamentos, ha limitado el acceso a los servicios públicos domiciliarios, aumentado los niveles de explotación de la mano de obra, la violación a los derechos laborales y sindicales, con efectos diferenciados para las mujeres por su condición histórica de discriminación. Los Estados han renunciado a ejercer su soberanía para defender los recursos naturales y los derechos de sus pueblos frente al poder de las empresas transnacionales.